Movimiento de piezas de un juez en jaque

Lluís Puig, Toni Comín i Meritxell Serret, després que la justícia belga hagi rebutjat la seva extradició
i Ernesto Ekaizer
17/05/2018
3 min

Madrid¿Qué piensa Jan Coppens? ¿Quién es ese? Es el juez de primera instancia que el miércoles, tras escuchar al fiscal y a las defensas de los procesados, señaló que ya daría a conocer su decisión. Pero los abogados de Comín, Serret y Puig le solicitaron que dijera in voce su conclusión porque existía el antecedente de que el magistrado instructor, Pablo Llarena, al ver las dificultades decidió, sin esperar una denegación o admisión parcial, retirar el 5 de diciembre de 2017 la primera euroorden.

Coppens, pues, apuntó que la euroorden era inadmitida porque tras revisar la documentación faltaba el auto de detención (warrant of arrest, en inglés) habilitante y al tiempo los hechos que relataba el primer auto de detención de noviembre de 2017 no se correspondían con los que se recogían en el auto de procesamiento del 21 de marzo de 2018.

Un día después se ha desplegado la escena surrealista: sin notificación alguna, sin esperar a la resolución escrita de Coppens, tanto el magistrado Llarena como la Fiscalía del Supremo han movido pieza.

El magistrado instructor, a sabiendas de que la Fiscalía preparaba un escrito para solicitarle que dictara un nuevo auto de prisión para enviar una euroorden, la tercera, a Bélgica, esta vez siguiendo los lineamientos que emergían de las dificultades apuntadas el 12 de abril por el teniente fiscal de la Fiscalía del Rey de Bruselas, Dirk Merckx, decide a media mañana enviar un escrito de prisa y corriendo a la Fiscalía de Schleswig-Holstein.

Llarena informa que Bélgica (sin notificación alguna) ha denegado la euroorden y que no considera que el auto de procesamiento sea equivalente a un auto de detención. El instructor da una larga cambiada. “Entendemos contrario al principio de confianza recíproca que se valore la naturaleza jurídica de resoluciones previstas en el ordenamiento jurídico español, discrepando de la que el Tribunal Supremo ha informado que tienen”. En otros términos, Llarena sigue en sus trece. No ha dictado nuevo auto de detención.

Unas horas más tarde, sin resolución ni notificación alguna de Bélgica, la Fiscalía del Supremo intenta sacar al instructor las castañas del fuego. Eleva un escrito donde señala que Llarena tiene razón con su auto de procesamiento pero que es necesario dictar un auto de ratificación de la prisión ordenada en noviembre por la magistrada de la Audiencia Nacional Carmen Lamela.

¿Por qué la Fiscalía, que es quien promueve e impulsa las euroórdenes, no adoptó este criterio antes, es decir, el 12 de abril, cuando el teniente fiscal Merckx se lo apuntó claramente a Llarena por carta?

La respuesta no puede ser más sencilla: porque Llarena no le dio traslado de la carta. Porque él es juez y fiscal al mismo tiempo. En realidad, es más fiscal que juez. Consultar con la Fiscalía en aquellos días de abril podía haber subsanado la euroorden antes de que el fiscal Merckx adoptara su posición, antes de que el juez Coppens asumiera su decisión.

¿Qué hará Llarena ahora con la petición de la Fiscalía? Acogerla. Hará un auto ratificando el auto de prisión de 2 de noviembre de 2017 y enviará la tercera euroorden a Bélgica.

¿Y con Alemania después de apresurarse a enviar un escrito ayer dando doctrina sobre el auto de procesamiento como contenedor del auto de prisión? Pues tendrá que enviarles el auto a riesgo de causar un gran desconcierto en fiscales y jueces alemanes. Este es Llarena. Un juez en jaque.

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